En Cataluña la administración, con la loable intención de poner en valor la cultura propia, está avasallando los derechos de los comerciantes y hosteleros. Hace tiempo veíamos que incluso condenaban a un comerciante por no rotular en catalán, ahora quiere obligar a los hosteleros a servir pa amb tomaquet en los desayunos, si o si, para obtener una determinada categoría hotelera.
No parece razonable ese ataque desde la administración a la libertad del empresario. La discriminación “positiva” es igual de discriminatoria que la no positiva. Y lo peor viene cuando en otras comunidades siguen ese ejemplo, ya sea en nombre de la “normalización lingüística” o en nombre de la “cultura propia”.
Si vamos a Mallorca, nadie les pide a los miles de negocios rotulados exclusivamente en inglés o alemán que rotulen en español o catalán, y sin embargo en Cataluña puedes rotular sólo en catalán pero no sólo en castellano o te multarán, en Galicia querían hacer algo parecido, obligar a rotular en gallego, lo que parece una intromisión inaceptable en la libertad del empresario.
Una empresa privada, un negocio privado, que opera en competencia con otros es libre de ofrecer lo que quiera, lo mismo que la clientela tiene libertad para escoger un negocio.
Voy a poner un ejemplo claro:
Yo abro un bar y decido no servir nada que lleve alcohol, si entra un cliente pidiendo alcohol y le digo que no sirvo eso, el cliente se irá y no volverá, y como ese muchos (probablemente tenga muy pocos o ningún cliente); pero con eso consigo que no se me emborrache nadie en el bar, y entre mi clientela no habrá alcohólicos (probablemente haya exalcoholicos). ¿Puede denunciarme un alcohólico diciendo que lo discrimino al no servir alcohol? Suena absurdo.
Igual de absurdo me suena que alguien entre en mi negocio y me exija que le atienda en su lengua, sea esta la que sea, (incluso castellano, volviendo al ejemplo de los negocios de Mallorca). Si no quiero atenderlo en la lengua que me pide, se puede ir a otro lugar, no me puede obligar a aprender su lengua, ni a tener personal que entienda su lengua. Es mi decisión, y en todo caso sólo me afecta a mí como empresario, sobre todo desde el momento en que hay otros negocios similares que ofrecen lo mismo que yo, en otro idioma.
Lo que ya no se puede consentir es que esa exigencia la haga la administración, y menos aún que me sancione por no querer dar un servicio que ya dan otros.
Si en mi negocio hay algo que te ofende (desde mi aspecto físico a mi lengua o mis modales) eres libre de escoger otro, no me puedes obligar a cambiar.
Es distinto el caso de la administración, que debe atender a todos en la lengua (oficial o cooficial) que empleen, ya que lo que ofrece la administración, el usuario no lo puede hacer en otro sitio.
En Pymes y Autónomos|Cataluña quiere imponer una autarquía lingüística cerrando la puerta a muchas empresas
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