Según el presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez Boga, la gran mayoría de los contribuyentes que se han acogido a la amnistía fiscal seguramente serán investigados por la Agencia Tributaria.
En ese sentido el Ministro Montoro ya anunció que se trasladará a las comunidades autónomas las bases tributarias de los contribuyentes que se han acogido a la amnistía para que puedan liquidar los impuestos de Sucesiones y Patrimonio en los sucesivos ejercicios fiscales.
Hay que recordar que dicha amnistía sólo afectaba al IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Por tanto es fácil de deducir que la Administración podría proceder a investigar las regularizaciones presentadas por si procede practicar liquidaciones de IVA, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o del Patrimonio.
Por otro lado los inspectores ya se manifestaron al respecto hace tiempo en cuanto a que sería necesaria la revisión de esas regularizaciones para comprobar si se habían hecho convenientemente y que ninguno de los contribuyentes que hubiera presentado la declaración especial se hubiera dejado otras cantidades sin declarar.
Desde el momento en que se anunció la amnistía el Gobierno afirmó que no se podría proceder contra los amnistiados. Esta afirmación parecía tener más valor como incentivo para animar a los defraudadores que unos efectos prácticos, de hecho no eran pocos los que dudaban si acogerse a la misma o no por temor a las consecuencias de "confesar" su situación.
Los inspectores de Hacienda llevan meses presionando para poder acceder a los datos de las regularizaciones, datos que hasta ahora se habían ocultado. Ahora, no sabemos si motivado por las noticias sobre ciertos personajes que se habrían beneficiado de la amnistía, el Ministerio podría cambiar su criterio.
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