No cabe duda que tanto el plan de pago a proveedores como la Ley de Morosidad puestos en marcha en 2012 han sido un fracaso total. Ninguna de las dos medidas impulsadas por el Ejecutivo han servido siquiera para paliar la difícil situación de muchas pymes y autónomos en relación a sus cobros con otras empresas pero, sobre todo, con la Administración Pública.
Por este motivo, y con el objetivo de acelerar el proceso de pago de las facturas aplazadas, el Ministerio de Hacienda está comenzando a trabajar en un nuevo instrumento que permita a los proveedores de cualquier administración morosa acudir directamente al Ministerio para que sea éste quien arbitre directamente la forma de pago de la deuda.
Cabe preguntarse si es la solución eficaz que necesitan los colectivos empresariales perjudicados por este grave problema. Hasta ahora, los atrasos en los pagos a proveedores ascienden hasta los 13.730 millones de euros y los plazos establecidos en la Ley de Morosidad se sobrepasan de forma sistemática.
No en vano, hasta la fecha, ni siquiera el IVA de caja ha ayudado. En muchos casos, la liquidación del IVA de las facturas no cobradas suponía un grave problema de liquidez para muchas pymes, pero la articulación de la nueva modalidad de liquidación ha supuesto problemas adicionales para las pequeñas empresas, en especial en su relación con las grandes corporaciones.
Habrá que ver si la participación directa del Ministerio de Hacienda en esta crisis ayuda. La pena son los cientos de empresas cerradas para las cuales la solución llega tarde.
Imagen | David Lacarta