Una de las variables que más tienen (o al menos deberían tener) en cuenta las empresas a la hora de expandir su negocio al exterior es la seguridad jurídica del país destino de nuestra inversión; es decir, la garantía por parte del país receptor de la inversión de que sus derechos serán protegidos conforme al ordenamiento jurídico vigente en el país destino. Una máxima jurídica que parecen no tener muy claro en Bolivia.
Y es que el Gobierno de Evo Morales ha decretado durante el día de hoy la expropiación de las acciones de Iberdrola en dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones, como ya ocurriera en el mes de Mayo con la empresa española Red Eléctrica. La seguridad jurídica en el país Boliviano, vuelve a estar de nuevo en entredicho.
Aunque la presencia de empresas españolas en Bolivia es marginal (no llega al 4% del total de inversiones de nuestro país en Argentina) no ocurre así lo mismo con el total de inversión española en Bolivia con respecto al total de inversiones ese país. Justo antes de la nacionalización de Red Eléctrica, España era el segundo país en lo que se refiere a inversiones en Bolivia con un 21,6% del total, solo superado por Estados Unidos, que suponía el 24,4% del total.
Precisamente, la nacionalización de algunas empresas españolas en ese país hizo caer la inversión total española en Bolivia, por la pérdida de confianza. ¿Quién iba a querer invertir en un país que, de forma arbitraria, sorprendente y posiblemente ilegal, nacionaliza nuestra empresa? Desde luego, el mayor perjudicado en este juego no son las empresas nacionalizada en cuestión (que también), si no el país boliviano que muy posiblemente acabará perdiendo miles de millones en inversiones productivas.
En lo tocante a nuestras pymes, algunas de las cuales tienen presencia en el mercado latinoamericano, hay que tener muy claro dónde estamos invirtiendo a la hora de expandir nuestro negocio internacionalmente. Es un gran riesgo establecer nuestro negocio en un país con un clima político inestable o con una seguridad jurídica prácticamente inexistente.
Para todo ello, es imprescindible un organismo asesor, como por ejemplo el ICEX, que nos asesore acerca de la viabilidad de nuestra inversión. Todo sea para que nuestra inversión sea un éxito y no tenga riesgos por decisiones arbitrarias de un Gobierno.
En Pymes y Autónomos | ¿Debe el Gobierno proteger a los atuneros? Imagen | Sebastian Baryli