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Una de las noticias de actualidad económica (y legal) del día ha sido la posibilidad de que el gobierno de España pueda hacer una excepción y un trato de favor hacia el posible inversor de un gran complejo de ocio que emularía a ‘Las Vegas’ y que se podría instalar en un lugar aún por determinar de la Comunidad de Madrid.

Entre las peticiones que el inversor norteamericano Sheldon Adelson, y que a su vez denuncia el sindicato de Inspectores de Hacienda del Estado (Gestha), se encuentran: un trato fiscal reducido, lo que supone abrir la posibilidad de que se puedan evadir, y por otro lado flexibilizar los contratos, lo que a su vez supondría relajar la legislación laboral actual, dando pie a la creación de un auténtico paraíso fiscal en el centro del país, y creando al mismo tiempo una dualidad legal y económica que va en contra de la igualdad de trato en los negocios.

En mi opinión, aunque este proyecto pueda ayudar enormemente a reducir el desempleo en la región en la que se asentaría, hay ciertas reglas que no se pueden romper, entre las que se destacan la igualdad de trato ante la administración, una cuestión vital para mantener el buen ‘clima’ en los negocios. Máxime cuando la presión fiscal se ha incrementado y el entorno no es el más cómodo para operar para las empresas pertenecientes a la gran mayoría de los sectores de actividad.

Por tanto, de la decisión que finalmente tomen los gobiernos competentes se desprenderán lecturas muy importantes al respecto, abriendo el debate de si el objetivo del empleo y el crecimiento empresarial tienen que tener prioridad a cualquier precio. Adoptando actitudes y ‘normas’ mucho más propias de países en vías de desarrollo que de países  industrializados, dónde la igualdad de trato y las reglas del juego se mantienen intactas ante cualquier acontecimiento.

En Pymes y Autónomos | El punto débil de los paraísos fiscales
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